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Desde julio de 2009 la organización Protect abrió sus puertas en Colombia inicialmente en la Ciudad de Cartagena de Indias, para investigar, identificar, y denunciar a los agresores sexuales extranjeros que amenazan la integridad física y psicológica de menores de edad en situación de vulnerabilidad.
Con 895.400 habitantes Cartagena de Indias, ciudad turística por excelencia en Colombia, visitada anualmente por cerca de 500.000 turistas colombianos y unos 80.000 extranjeros, es un lugar donde confluyen la riqueza y la miseria. Se estima que en esta ciudad cerca de 500.000 personas viven en condiciones de extrema pobreza de acuerdo a estadísticas del gobierno nacional y local. Un fenómeno de esperarse teniendo en cuenta
que Colombia es el único país de Sudamérica que continua viviendo en medio de un conflicto armado que lleva más de 40 años, y que ha ocasionado el desplazamiento forzado, altos niveles de desempleo, pobreza y como lo indica el Tercer Informe de Colombia al Comité de los Derechos del Niño 1998-2003, ha incrementado la vulnerabilidad de las niñas, niños y adolescentes ante la explotación sexual comercial. Esto sumado a que en Colombia aproximadamente 4 millones de niñas, niños, y adolescentes trabajan y en muchos casos este ha sido un antecedente inmediato a su vinculación a la explotación sexual, de acuerdo a datos de la Fundación Restrepo Barco, que trabaja por la infancia y la juventud colombiana.
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Los altos índices de pobreza y la concentración de miseria en Cartagena de Indias han desencadenado la proliferación del turismo sexual infantil, perpetrado en la mayoría de los casos por ciudadanos extranjeros, que llegan a la ciudad atraídos por planes turísticos sexuales que ofrecen a menores de edad a través de organizadas redes que operan aproximadamente desde el año 2003, no solo en Cartagena sino en diferentes ciudades del país como Barranquilla, Santa Martha, San Andrés, Medellín, Armenia, Pereira, Cúcuta, y Cali.
De acuerdo a datos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) el fenómeno de la explotación sexual de menores de edad en la ciudad de Cartagena de Indias se desarrolla en tres ámbitos: el entorno social inmediato, los círculos de prostitución, y la explotación sexual comercial, donde el común denominador es la actitud cómplice de la familia. Se han encontrado casos en los que un niño llega a ser alquilado para fines sexuales a cambio de un plato de comida para su familia.
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Los niños involucrados en el comercio sexual infantil tanto en Cartagena como en las ciudades donde se viene incrementando este fenómeno, son niños de escasos recursos económicos, que no tienen posibilidades de educación, y que son impulsados en muchos casos por sus propias familias a ejercer actividades sexuales principalmente con extranjeros a cambio de dinero o alimentación.
Así, las necesidades sociales de la población se combinan con el poder adquisitivo de los turistas pederastas que llegan a solicitar no solo a niñas, niños y adolescentes sino también a niñas embarazadas entre los 4 y 6 meses de gestación.
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En el año 2005 Colombia desarrolló un Plan de Acción Nacional para la Prevención y la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial de los Niños, Niñas y Adolescentes elaborado por iniciativa del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) - la instancia gubernamental responsable de la protección de la niñez y la familia - y UNICEF.
Contó con el apoyo de OIT -IPEC (Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil de la Organización Internacional del Trabajo) y la consultoría especializada de la ONG Fundación Renacer – ECPAT Colombia (Red de organizaciones trabajando para la eliminación de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes).
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Respecto a la explotación sexual contra niñas, niños, y adolescentes, Colombia ha fortalecido la legislación, que brinda protección y garantías a las víctimas de abuso sexual infantil, y a quienes participan activamente en la defensa y restablecimiento de los derechos de estas víctimas.
Recientemente la ley 1329 de 2009 que aclara que hay abuso sexual infantil cuando la víctima es menor de 18 años, penaliza el proxenetismo con menores de edad con prisión de 14 a 25 años y multa de 67 a 750 salarios mínimos legales vigentes. También penaliza la demanda de explotación sexual con menores de 18 años con prisión de 14 a 25 años, esta pena se aumentará de una tercera parte a la mitad si quien demanda es turista nacional o internacional, si existe un matrimonio o convivencia con el menor, si el explotador pertenece a un grupo armado al margen de la ley, si la víctima tiene menos de 14 años de edad, o si el abusador es miembro de la familia de la víctima.
Por otro lado el congreso aprobó la ley 1336 de 2009 que refuerza a la ley 679 de 2001 en la lucha contra la explotación, pornografía y el turismo sexual con niños, niñas y adolescentes.
Entre algunas de las disposiciones de la ley 1336 se regulan los servicios turísticos y de hospedaje para promover las políticas de prevención y evitar la utilización y explotación sexual de menores de edad en su actividad.
Esta ley también penaliza con cuatro a ocho años de prisión a aquel que dirija, organice o promueva actividades turísticas que incluyan la utilización sexual de menores de edad, esta pena se aumentará en la mitad cuando la conducta se realice con menores de doce años.
Por otro lado respecto a Pornografía con personas menores de 18 años, la ley explica que quien fotografíe, filme, grabe, produzca, divulgue, ofrezca, venda, compre, posea, porte, almacene, trasmita o exhiba, por cualquier medio, para uso personal o intercambio, representaciones reales de actividad sexual que involucre menores de edad, incurrirá en prisión de 10 a 20 años y multa de 150 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Además la pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando el responsable sea integrante de la familia de la víctima.
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